Esquizofrenia

Hay días en los que, a pesar de que por mi responsabilidad en las labores que desempeño es necesario hacerlo en tiempo real, decido no entrarle con mucho detalle a las noticias ni las a redes sociales. Especialmente aquellos en los que los “especialistas” comienzan a intentar “analizar el alcance” de tal o cual medida del régimen, de esta sentencia del “TSJ”, o de aquel pronunciamiento de algún ministro, o cualquier otro de los miembros de la comparsa del usurpador.

No sé si a ustedes les pasa, pero yo trato de ir llevando la secuencia cronológica y la lógica de las acciones y posiciones que hemos ido tomando como oposición, desde “el inicio de los tiempos”, un poco para ir midiendo el avance –si lo hubiera- o para pensar en mecanismos de ajuste y corrección cuando considere que nos hemos desviado o estancado. Pero no nos lo ponen fácil. Aquí les comparto algunos ejemplos:

Primero, desde la Asamblea Nacional, se anunció a gritos que lo íbamos a sacar en 6 meses (ENE2016). Más tarde, esa misma Asamblea Nacional lo declara en abandono del cargo, pero no da los siguientes pasos, para que el cargo de Presidente de la República lo ocupe otra persona, siguiendo la constitución (ENE2017).

Esa mismita Asamblea Nacional, un tiempo después, utilizando los correctos mecanismos institucionales y constitucionales, designa un nuevo TSJ, declarando que el anterior dejó sus cargos vacantes (JUL2017). Pero luego obvia completamente a ese TSJ para proceder en el fortalecimiento de los instrumentos legales que soporten la escasa institucionalidad que tenemos.

Pocos días antes, en conjunto como sociedad, llevamos a cabo un plebiscito maravilloso que produjo un mandato, una vía constitucional para salir de la crisis con el respaldo de casi 8 millones de venezolanos, dentro y fuera del país. La Asamblea Nacional recibe el resultado y le da carácter institucional, pero luego, no prosigue con los pasos siguientes para implementar dicho mandato (JUL2017).

En enero de este año, desde la Asamblea Nacional (de nuevo) lo declaramos usurpador, y con él, todos sus actos, sus nombramientos, sus dictámenes, sus normas, TODO!! está en dicha condición de usurpación. Ah!, pero se sigue pidiendo que “pague lo correspondiente a…”, que “lleve el gas a la comunidad tal”, “que revise la convención colectiva del sindicato cual”, y un infinito listado de etcéteras similares. ¿Es usurpador, pero quiero que “gobierne”? No entiendo. Parecemos esquizofrénicos.

Más recientemente, de cara a la grave crisis institucional que se avecina inminente en las universidades públicas, hay una epidemia de “consultitis” en curso, asumiéndola como la panacea para resolver el dramático problema universitario, y yo me pregunto: ¿estaremos preparados para asumir como es menester la defensa de esos resultados?

En la USB sabemos lo que significa haber hecho una consulta formal, con toda la rigurosidad institucional del caso, y haber escogido un vicerrector académico que contó –y todavía hoy cuenta- con el respaldo de la comunidad universitaria, y que además tiene la trayectoria, arraigo, experiencia y compromiso que lo hace idóneo. Pero por una rendija, desde el régimen nos impusieron a otra persona, completamente ajena a la institución. De eso ya hace dos años. Y ahora de nuevo estamos hablando de otra consulta interna, para escoger las autoridades universitarias, “bajo los parámetros de los reglamentos de la universidad”. Como si eso fuera alguna garantía. ¿En serio?

Yo comenzaría por meditar acerca de si la renombrada medida cautelar 0324 que originó esta vorágine de los últimos meses es siquiera aceptable, dado que emana de una institución que, de acuerdo a los actos ejercidos por la vigente Asamblea Nacional, hace poco más de dos años que no existe. Por lo tanto, ¿a cuenta de qué voy a asumir los dictámenes de ese “TSJ”?

En lo personal pienso que la raíz de la contradicción planteada es que no se está partiendo del diagnóstico correcto. Se intenta curar un cáncer terminal con una infusión de jengibre. Si no está claro el diagnóstico, no importan las decenas de interpretaciones legales, ni académicas que se haga, la estrategia que se diseñe en consecuencia tendrá un altísimo porcentaje de fracaso.

El sistema criminal que usurpa el poder, que es el mismo que ahora se quiere apropiar de las universidades públicas, no tiene que ver con leyes, ni con normativas internas universitarias, ni le preocupa en lo absoluto la forma. Ya se ha quitado las caretas, por lo que el costo político ya lo pagó.

Por eso, a mi modo de ver, la estrategia que asumamos los universitarios tendría que tener tres componentes esenciales: en primer lugar, claridad en lo que enfrentamos, para entender el tamaño de la responsabilidad de asumir verdaderamente la defensa de la universidad. Este es un sistema criminal, como ya mencioné, cuyo sistema de valores no tiene nada que ver con el nuestro, y esa variable tiene que estar en la ecuación.

En segundo lugar, la estrategia no debe contener ninguna acción que de una u otra manera legitime alguna de las instituciones y figuras de la usurpación, es así que, por ejemplo, considerar las interpretaciones del “TSJ” ilegítimo (como si les importara la forma), o solicitudes al ministerio del usurpador, o combinaciones parecidas, no tendrían que estar en la ecuación, como no sea para descartar vías de trabajo.

Por último, la estrategia que abordemos en defensa de la universidad venezolana tiene necesariamente que incluir una acción internacional que llame la atención ante instancias equivalentes, en torno a la urgencia y la gravedad de lo que estamos viviendo, en consonancia por supuesto con la gravedad de la crisis del país, cuya raíz está en la usurpación, por lo cual su solución solamente comenzará cuando ella cese.

El régimen va a hacer lo que quiera hacer. Porque mientras siga usurpando el poder, no se detendrá, seguirá intentando copar todos los espacios que le faltan, y si ha de hacerlo a la fuerza, lo hará. De nosotros está diseñar una estrategia real que le eleve notablemente ese costo, que el mundo la conozca y la comparta, para que sumemos un argumento más a la necesidad urgente e inminente de una coalición internacional que nos acompañe a desalojar al sistema criminal y a reconstituir la institucionalidad para transitar hacia la verdadera libertad.